Aunque todavía falta el visto bueno de los gestores y del regulador, el reciente acuerdo entre la dirección y los sindicatos de BRITISH

AIRWAYS sobre la cobertura de los fondos de pensiones remueve el único obstáculo importante que se interponía en el camino hacia el matrimonio con IBERIA. Una vez que ese acuerdo sea ratificado, la compañía española dispone de tres meses para evaluarlo, después de lo cual la fusión deberá recibir la bendición de las juntas generales de ambas compañías y de las autoridades europeas de la competencia. Según el calendario que a día de hoy maneja Iberia, es probable que el proceso concluya allá por el mes de noviembre, alumbrando la tercera aerolínea más grande Europa –sólo por detrás del consorcio francoholandés AIR FRANCE-KLM y de la alemana LUFTHANSA– y la quinta del mundo, con ingresos superiores a los 15.000 millones de euros al año.

El acuerdo sobre los fondos de pensiones era imprescindible para garantizar su viabilidad y la de la propia fusión, ya que arrastran un déficit de 4.000 millones, debido a la mala evolución de sus inversiones en bolsa y que, en principio, British

Airways debería sufragar. Finalmente, esta se compromete a seguir subvencionándolos con 365 millones anuales, mientras que los trabajadores tendrán que aportar un 4,5% más que ahora, salvo que renuncien a parte de las cantidades a las que, en las actuales circunstancias, tendrían derecho al alcanzar la edad la jubilación. Para Iberia, de entrada, se trata de un compromiso razonable, aunque deberá analizarlo en profundidad cuando reciba de Londres el texto definitivo, con las observaciones que en su caso formulen quienes están llamados a ello.

British Airways perdió 86 millones de euros en los nueve primeros meses de su año fiscal (abril-diciembre de 2009), que se suman a los 420 millones del ejercicio anterior, y había amenazado con cerrar los tres fondos de pensiones de sus trabajadores si no había acuerdo. Para evitar situaciones como esta, Iberia externalizó los suyos en 1970.

La compañía de viajes Marsans, propiedad del español Gerardo Díaz Ferrán, ha pedido al Gobierno de Cristina Fernández una compensación económica que asciende a 1.800 millones de euros en concepto de los daños sufridos en la empresa por la expropiación de las Aerolíneas Argentinas en julio del 2008. Fuentes oficiales de la asociación de pilotos de la compañía consultados por Americaeconomica.com ha asegurado que consideran que el Ejecutivo argentino no va a pagar esa cantidad, sino que les devolverán un peso argentino (aproximadamente 20 céntimos de euro) que es lo que la empresa española pagó en su día por la adquisición de las aerolíneas.

Marsans, reclama una indemnización al Gobierno de Argentina por los daños y pérdidas económicas que ha sufrido la empresa, según una valoración de los activos de la compañía, tras la expropiación y la nacionalización de las Aerolíneas argentinas.

Los 1.800 millones de euros de pérdidas que pide la empresa Marsans, es debido a que ese dinero no fue bien administrado y destinado a otras líneas de la compañía Air Comet, también propiedad de Ferrán Díaz, según han asegurado desde el sindicato de pilotos de líneas aéreas argentinas a este diario.

También las fuentes, han señalado que la empresa Marsans sigue tratando de hacer negociaciones con el Ejecutivo Argentino para recuperar la aerolinea argentina.

Aerolínea Argentinas es la mayor compañía aerea del país y se dedican al transporte comercial de pasajeros y realizan vuelos tanto nacionales como internacionales. Antes estaba en manos de la compañía Marsans y desde julio de 2008 paso a ser gestionado por el Gobierno argentino.