La Justicia argentina ha intervenido Aerolíneas y su subsidiaria Austral, a petición de Cristina Kirchner, bloqueando por disposición judicial cualquier intervención del grupo español en sus empresas. Fue al día siguiente de que los empresarios españoles le advirtieran de que iniciarán una demanda ante un tribunal arbitral del Banco Mundial si no llegan a un acuerdo.

Fuentes cercanas al grupo Marsans comentaron que se trata de una estrategia de un comprador con poder "que quiere confiscar una empresa en vez de pagar por ella". Marsans continuará adelante con su demanda de arbitraje.

El director financiero de la compañía y directivo de Marsans, Vicente Muñoz, expresó al diario local La Nación que el Estado argentino toma decisiones como si la compañía ya le perteneciera. "La presidenta Cristina Kirchner tomó un avión de la compañía para ir a la reunión del G-20 y luego para seguir con su gira por África, sin considerar a los pasajeros que tenían que volar a Australia. No entendemos qué quieren. Esto es un expolio, una confiscación. Quieren llevarse la compañía sin pagarnos nada y vamos a defender nuestros intereses."

El comisario extraordinario de Alitalia, Augusto Fantozzi, anunció que la compañía aérea italiana ha aceptado definitivamente la oferta de compra presentada por la Compañía Aérea Italiana (CAI), formada por un grupo de veinte empresarios nacionales. Con este paso concluye el largo proceso de privatización total de la endeudada compañía aérea de bandera italiana, al vender finalmente el Estado su participación del 49,9% en el capital de la compañía, después de dos años de iniciado y de numerosas fórmulas fallidas.

La autorización de Fantozzi llegó después del visto bueno dado por la Comisión de Vigilancia, encargada de evaluar la oferta, y del ministro de Desarrollo Económico italiano, Claudio Scajola. Fantozzi añadió que los únicos obstáculos que pueden interponerse en la venta de la operación son la falta de autorización por parte de la Unión Europea o del órgano garante de la competencia italiano (Antitrust).

En una rueda de prensa, el comisario extraordinario, nombrado por el Gobierno tras la declaración de insolvencia de Alitalia, explicó que la oferta de la CAI por la parte rentable de la aerolínea, que incluye los activos, 93 aviones valorados en 625 millones, de los que 64 son de propiedad y 29 en alquiler; rutas y slots, es de 1.052 millones de euros. De estos, según especificó Fantozzi, 427 millones de euros serán pagados en efectivo, mientras que el resto servirá para absorber su deuda.

Discriminando el pago, Alitalia recibirá 311 millones de euros en efectivo, a los que se sumarán luego 57 millones por la sociedad Alitalia Servizi; 6 millones por Alitalia Airport; 20 millones por Alitalia Express; y 33 millones por la aerolínea a bajo coste Volare.

El cierre de la operación de compra será el 30 de noviembre y "la CAI no tendrá que sostener más gastos. Desde el 1 de diciembre la aerolínea será suya", añadió Fantozzi. El resto de la compañía, aquejada de las mayores deudas, quedará bajo administración extraordinaria en un intento de reflotarla.

El proyecto industrial de la CAI se basa en la fusión con la otra aerolínea nacional Air One para crear una nueva compañía aérea que tendrá 12.500 trabajadores: 1.550 pilotos, 3.300 asistentes de vuelos y 7.650 entre técnicos, empleados y ejecutivos. Unos 3.250 serán despedidos y no se renovará los contratos temporales a cerca de 2.000.